Tras recibir diversas llamadas anónimas incitándolos, 40 miembros del grupo ”Guerreros Buscadores de Jalisco” se reunieron frente al portón negro de hierro del Rancho Izaguirre el pasado 5 de marzo. 

El colectivo fue formado el año pasado para encontrar a familiares desaparecidos en el estado de Jalisco, México. Al ingresar al rancho situado en el municipio de Teuchitlán, los Guerreros Buscadores descubrieron múltiples casquillos de bala, aros aprehensores y cargadores de armas. También hallaron artículos personales como ropa, zapatos, mochilas, algunas identificaciones y listas con nombres y apodos. Al excavar, encontraron restos humanos calcinados junto con fosas en las que se quemaban a las víctimas antes de cubrirlas con tierra. Poco después, las autoridades identificaron seis grupos de restos óseos. 

Por la evidencia encontrada—espacios de entrenamiento físico, remanentes de armamento y listas de sobrenombres—se cree que el rancho pudo haber sido un sitio de reclutamiento para la delincuencia. Estos son campos de adiestramiento y exterminio que utiliza el crimen organizado para sumar jóvenes a su causa, sometiéndolos a las prácticas más crueles para que pierdan el miedo a usar cuchillos y pistolas. 

Un padre buscador, Raúl Servín Galván, compartió: “La llamada anónima nos dijo que por ahí habían pasado unas 280 personas, pero en realidad no sabemos a cuántas les quitaron la vida. Los huesos están reducidos casi a nada, pero pueden haber sido sepultados en el rancho o en el perímetro de afuera”. 

La finca fue descubierta originalmente en septiembre de 2024 durante una operación realizada por la Guardia Nacional, en la cual se detuvo a 10 personas, se liberó a dos secuestradas y se encontró a una muerta. Luego quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco, que realizó una investigación de varias semanas para encontrar más evidencias de delitos en el lugar. Desde entonces, el sitio había quedado abandonado. El fiscal estatal, Salvador González, aseguró que no hubo indicios de actividad criminal hasta el hallazgo de los buscadores. 

El miércoles 19 de marzo, la Fiscalía General de la República asumió el caso, y el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, criticó con dureza los procedimientos de la fiscalía jalisciense: “No realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos”, aseguró en una rueda de prensa. “No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales tres ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los

delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que allí se encontraban”. 

A día de hoy, se han sacado todas las ropas, zapatos y objetos y se han mostrado al público por si algún familiar reconoce las prendas de sus desaparecidos. La finca está ahora completamente horadada, con calas en el suelo en busca de evidencias. 

El 20 de marzo, algunos colectivos de búsqueda, tanto de Jalisco como de otros estados, llegaron al lugar. Ese día cundió la desesperanza, ya que no quedaban pruebas dentro del rancho. “¿Para qué nos han traído aquí?”, se pregunta una madre. “Esto es una burla. La única verdad es que no les importan los desaparecidos”. 

Todavía no se ha podido determinar cuántas personas fueron asesinadas allí, ni cuántas más pudieron haber sido trasladadas a otros lugares. Sin embargo, lo que sí queda claro es que el hallazgo es apenas una pieza más de un problema mucho mayor. Para los familiares de los desaparecidos, la incertidumbre sigue siendo insoportable, y la lucha por la verdad y la justicia está lejos de terminar.